El Colegio Regional de Profesores de Arequipa, ante la promulgación de la nefasta Ley 29510, que exceptúa del requisito de colegiación a los profesionales con títulos distintos al de educación para ejercer la docencia, publicada el miércoles 24 de marzo; hace conocer su indignación y rechazo frente a éste nuevo atentado contra la calidad educativa en general y los profesores en particular; por las siguientes razones:
Arremete contra el naciente Colegio de Profesores del Perú, que en el Art. 3° de la Ley de creación N° 25231, establece que “La colegiatura es requisito indispensable para el ejercicio de la profesión magisterial…”; asimismo la Ley N° 28198 que modifica la Ley 25231, también en su Art. 3°, dispone que “La colegiación es obligatoria para el ejercicio de la profesión”.
Hoy seremos nosotros las víctimas de la soberbia gubernamental, mañana puede ser otra Orden Profesional.
La calidad de la educación de acuerdo a la Ley General de Educación 28044, que el propio Ministerio ha hecho muy poco para llevarla a la práctica es: “el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas para enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda la vida” (Art.13°); tal conceptualización no es coherente con reducir el concepto de la educación a la mera transmisión de conocimientos, que aparentemente es la percepción del Gobierno actual, al permitir que personas sin preparación pedagógica se encarguen de la formación integral del la persona, labor orientada por su finalidad última: “humanizar la humanidad” ( E. Morin) Antes que transmisores de contenidos, que atiborren sin ningún criterio pedagógico, las mentes de los estudiantes; necesitamos profesionales de la educación que guíen, conduzcan el proceso cuyo fin es la formación integral del ser humano, que no se debe circunscribir a la simple transmisión del conocimiento o adaptación funcionalista a la sociedad establecida, sino de dotar a los estudiantes de una conciencia crítica y activa orientada a formar personas nuevas, responsables, solidarias y libres que luchen por vivir, por pensar y hacer su propia historia, actuando sobre sí mismas y el contexto, contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa y más humana. Evidentemente la intención de desplazar a los profesionales de la educación no ayuda en nada a mejorar la calidad de nuestra alicaída educación.
La ominosa Ley 29510, no hace sino confirmar la orfandad de ideas del actual gobierno en el tema educativo; su desprecio por la educación, al convertir a ésta en un refugio de otros profesionales que en sus disciplinas tal vez fracasaron; el desdén por los profesionales de la educación que por miles buscan trabajo en la carrera de su vocación hoy negada; y sus flagrantes contradicciones por ausencia de una política coherente, que no ha hecho más que mostrar su clamoroso fracaso en el Sector Educación.
La ominosa Ley 29510, no hace sino confirmar la orfandad de ideas del actual gobierno en el tema educativo; su desprecio por la educación, al convertir a ésta en un refugio de otros profesionales que en sus disciplinas tal vez fracasaron; el desdén por los profesionales de la educación que por miles buscan trabajo en la carrera de su vocación hoy negada; y sus flagrantes contradicciones por ausencia de una política coherente, que no ha hecho más que mostrar su clamoroso fracaso en el Sector Educación.
Decimos flagrantes contradicciones, pues por un lado se alienta y promueve la Evaluación, Acreditación y Certificación de la calidad Educativa, impulsada por el SINEACE, lo cual nos parece positivo y que producto de ello las facultades de educación y los institutos pedagógicos, están haciendo notables esfuerzos para autoevaluarse y finalmente acreditarse, luego de la respectiva evaluación externa; de ésta manera garantizar que los profesionales de la educación formados en instituciones debidamente acreditadas, se desempeñen con óptima calidad.
Lo paradójico es que por otro lado, fiel al estilo de “disparar con dos cañones”, el Gobierno promulga la Ley que permite que cualquier profesional pueda desempeñarse como docente sin la exigencia de la más mínima preparación pedagógica.
Las preguntas caen por su propio peso: ¿para qué hacemos el esfuerzo de acreditar nuestras carreras e instituciones formadoras?, ¿para qué certificarnos? La Ley de marras, es totalmente discriminatoria, pues mientras a los profesionales de la educación se les aplica evaluaciones constantes, generalmente de carácter punitivo, a los otros profesionales se les da el camino libre en su accionar, sin siquiera verificar que tenga la mínimas capacidades pedagógicas.
Los profesionales de la Educación luego de cinco años de formación, solo pueden trabajar en el Nivel Educativo para el que fueron preparados; los profesionales de otras carreras, con ésta cuestionada Ley, podrían trabajar ya sea en Inicial, Primaria, Secundaria, etc.
Somos claros y contundentes al reclamar la presencia de otros profesionales en la educación, bienvenidos ellos, los necesitamos en la compleja tarea de educar, pues somos consciente que la tarea educativa es una tarea multidisciplinaria; necesitamos psicólogos, asistentes sociales, nutricionista, sociólogos, economistas, etc. pero para que se desempeñen dentro de su ámbito profesional; pero de ninguna manera para desplazar a los profesionales de la educación, que precisamente han sido formados para dirigir el maravilloso campo de la enseñanza-aprendizaje. Un dicho tradicional, que debería tener en cuenta el Gobierno, nos dice: “zapatero a tus zapatos”. La Ley que cuestionamos generará mayor informalidad e indudablemente afectará la calidad educativa, la misma que se pretende reducir a dos aspectos: comprensión lectora y razonamiento matemático, soslayando el concepto de educación establecido por Ley.
Agradecemos las muestras de solidaridad de la Junta Directiva del Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales de Arequipa (CONREDE), al solidarizarse con nuestra indignación y convocamos a todo el magisterio, sin distingos de ningún tipo, a concentrarnos en nuestro local institucional (Av. La Paz 409 A Of. 301) el día martes 30 de marzo a horas 9:45 a.m.; a fin de aunarnos a la marcha que distintas organizaciones, fundamentalmente estudiantiles, están convocando para protestar y solicitar la derogatoria de la Ley 29510.
¡Es tiempo de unidad!
¡Es propicia la ocasión para olvidar desavenencias!
¡Por la reivindicación de la educación como derecho humano!
Yungay Noticias.